España todavía no ha incorporado definitivamente a su legislación la nueva Directiva europea sobre crédito al consumo, pese a que el plazo marcado por la Unión Europea finalizó en noviembre de 2025. El Gobierno presentó en enero de 2026 un anteproyecto de ley para adaptar la normativa española a las nuevas exigencias europeas, pero la reforma continúa en fase de tramitación. Esta situación genera cierta incertidumbre para consumidores, especialmente en un momento en el que han proliferado nuevas formas de financiación digital, microcréditos y sistemas de pago aplazado vinculados al comercio electrónico.
La nueva Directiva europea sobre crédito al consumo nace con el objetivo de actualizar unas normas que habían quedado desfasadas ante los cambios tecnológicos y los nuevos hábitos de consumo. La financiación inmediata a través de internet, las aplicaciones móviles y las fórmulas de “Buy Now Pay Later “ (“Compra ahora y paga después”) han cambiado profundamente la manera en que los consumidores acceden al crédito, haciendo necesaria una regulación más adaptada a esta nueva realidad.
El anteproyecto español incorpora gran parte de las novedades impulsadas desde Europa y amplía el ámbito de protección a productos financieros que hasta ahora tenían una regulación limitada. Entre ellos destacan determinados microcréditos, préstamos rápidos digitales y servicios de pago aplazado utilizados en plataformas de comercio electrónico. Esta ampliación busca reforzar la protección de los consumidores frente a productos que, aunque pueden resultar útiles en determinadas circunstancias, también presentan riesgos importantes si no se utilizan adecuadamente.
Uno de los aspectos más destacados de la futura ley es el refuerzo de las obligaciones de evaluación de solvencia. Las entidades deberán analizar con mayor profundidad la capacidad económica del consumidor antes de conceder financiación, con el objetivo de prevenir situaciones de sobreendeudamiento. Se trata de una cuestión especialmente relevante en un contexto en el que muchos préstamos pueden contratarse de forma prácticamente inmediata y totalmente digital.
La reforma también introduce mayores exigencias en materia de información y transparencia. La intención es que los consumidores dispongan de datos más claros y comprensibles antes de contratar un crédito, pudiendo comparar mejor las condiciones económicas, intereses, comisiones y riesgos asociados. Desde ADICAE se viene reclamando desde hace años una mejora de la transparencia financiera, especialmente en productos complejos o con elevados costes.
Otro de los puntos relevantes es la regulación de la publicidad vinculada al crédito al consumo. La normativa europea pretende evitar mensajes que puedan trivializar el endeudamiento o presentar el crédito como una solución sencilla a problemas económicos. En la práctica, esto podría traducirse en mayores controles sobre determinados anuncios y campañas comerciales, especialmente en entornos digitales y redes sociales, donde la financiación instantánea se ha vuelto cada vez más habitual.
Otra de las novedades será la creación de un registro obligatorio para entidades no financieras que concedan microcréditos. ADICAE considera positiva esta medida, aunque insiste en que debe tener efectos reales y facilitar reclamaciones efectivas frente a empresas registradas. Sin embargo, la asociación advierte de que la reforma no solucionará automáticamente los problemas de las tarjetas revolving ya contratadas anteriormente, ni la falta de transparencia con la que muchas se comercializaron.
Además, el anteproyecto contempla una mayor capacidad supervisora para las autoridades financieras, permitiendo actuar frente a prácticas que puedan generar riesgos para los consumidores. El objetivo es adaptar el sistema de control a un mercado financiero mucho más digitalizado y dinámico que el existente cuando se aprobó la normativa anterior.
No obstante, todavía quedan cuestiones por concretar durante la tramitación parlamentaria, especialmente en relación con los límites al coste de determinados créditos y la forma en que se aplicarán algunos controles sobre nuevas plataformas financieras. Por ello, el debate sobre el equilibrio entre acceso a la financiación y protección del consumidor seguirá siendo uno de los ejes principales de la futura ley.
Desde ADICAE consideramos positiva la actualización de la normativa, ya que supone un paso adelante en la adaptación de los derechos de los consumidores a las nuevas formas de financiación digital. Sin embargo, también creemos importante que la futura regulación garantice una protección efectiva, fomente la educación financiera y asegure que los consumidores puedan tomar decisiones informadas antes de asumir cualquier tipo de deuda.
