ADICAE Comunidad Valenciana advierte: la derogación del decreto de vivienda no elimina las prórrogas ya solicitadas por los inquilinos
ADICAE Comunidad Valenciana, organización de defensa de los consumidores, advierte de la creciente inseguridad jurídica generada tras la reciente derogación del Decreto Ley 8/2026, una situación que está afectando de manera directa a miles de inquilinos, especialmente a aquellos que habían solicitado la prórroga extraordinaria de sus contratos de alquiler al amparo de dicha normativa.
La organización señala que la supresión de este marco normativo ha dejado en una situación de incertidumbre a los consumidores que ya habían iniciado el procedimiento para acogerse a dicha prórroga, sin que exista una respuesta clara sobre la validez de estas solicitudes ni sobre el régimen jurídico que les resulta aplicable. Esta falta de definición normativa está generando confusión, abriendo la puerta a interpretaciones dispares y posibles abusos por parte de algunos arrendadores.
En este sentido, ADICAE Comunidad Valenciana considera que las solicitudes de prórroga presentadas durante la vigencia del Decreto pudiendo justificarlo deben ser respetadas, al haberse realizado conforme a una normativa vigente en ese momento. La organización defiende que no puede trasladarse a los consumidores las consecuencias de cambios normativos sobrevenidos, y que debe prevalecer el principio de seguridad jurídica y la protección de quienes actuaron de buena fe.
Asimismo, ADICAE CV advierte de que la actual situación está generando un escenario de desequilibrio en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, en el que estos últimos pueden verse presionados a aceptar incrementos de renta o condiciones menos favorables ante la incertidumbre sobre sus derechos.
Además, en la Comunitat Valenciana, la situación es especialmente preocupante. El encarecimiento sostenido de la vivienda, unido a la escasez de oferta, está dificultando gravemente el acceso tanto al alquiler como a la compra. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda en la Comunitat Valenciana aumentó un 13,5% en 2025, por encima de la media nacional (12,9%), lo que refleja una fuerte presión al alza en el mercado inmobiliario. Esta realidad impacta de forma directa en los consumidores, que deben destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos a la vivienda, comprometiendo su estabilidad económica. En el caso de los jóvenes, la situación es aún más crítica, con grandes dificultades para emanciparse debido al elevado coste del alquiler y a la precariedad laboral.
A estas problemáticas se suma la inacción de la administración autonómica en la aplicación de la Ley de Vivienda aprobada en 2023. A día de hoy, la Comunidad Valenciana no ha declarado ninguna zona como “zona de mercado residencial tensionado”, lo que impide que se aplique una limitación en la subida anual de los contratos de alquiler en esas zonas o en nuevas contrataciones.
Como resultado, numerosos consumidores están soportando incrementos significativos en sus rentas sin poder acogerse a mecanismos de contención previstos por la normativa estatal, agravando la situación de vulnerabilidad en el acceso y mantenimiento de la vivienda.
ADICAE Comunidad Valenciana reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores y continuará trabajando para garantizar que las políticas públicas en materia de vivienda respondan a criterios de protección, equidad y seguridad jurídica.
