El precio de los carburantes vuelve a poner contra las cuerdas el bolsillo de las familias. Pero el problema no termina en lo que cuesta llenar el depósito: si la escalada se mantiene, puede trasladarse al transporte, la agricultura, la pesca, la distribución y, finalmente, a los precios que pagan los consumidores.
Desde ADICAE Comunidad Valenciana reclamamos al Gobierno que actúe con rapidez para evitar que esta nueva crisis energética termine, una vez más, repercutiendo principalmente sobre las familias.
¿Por qué están subiendo los carburantes?
El origen hay que buscarlo principalmente en la crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Medio, que está dificultando el suministro internacional de petróleo y productos refinados.
Uno de los puntos críticos es el estrecho de Ormuz, una ruta fundamental para el comercio mundial de petróleo. A estas dificultades se han sumado problemas en Arabia Saudí: el ataque contra el oleoducto Este-Oeste, utilizado precisamente como alternativa a Ormuz para llevar petróleo hacia el mar Rojo, volvió a tensionar los mercados internacionales.
Por tanto, no podemos decir simplemente que «la gasolina sube por Arabia Saudí». El problema saudí ha agravado una crisis internacional más amplia, a la que se añaden dificultades de refino y suministro en diferentes países. Las refinerías españolas, de hecho, han incrementado su producción ante esta situación.
Del surtidor a la cesta de la compra: el impacto en la Comunitat Valenciana
El primer impacto lo nota directamente quien necesita utilizar su vehículo. Pero existe un segundo efecto que nos preocupa especialmente: que el encarecimiento del combustible termine trasladándose a otros productos y servicios.
En la Comunitat Valenciana ya hay sectores que están notando especialmente esta escalada. Para los transportistas valencianos, el combustible representa alrededor del 40 % de sus costes de actividad, por lo que una subida prolongada incrementa considerablemente el coste de trasladar mercancías.
La situación también afecta al campo. Los datos provinciales muestran importantes incrementos del gasóleo agrícola desde febrero: de 1,211 a 1,694 €/litro en Alicante; de 1,090 a 1,531 €/litro en Valencia; y de 1,119 a 1,573 €/litro en Castellón. Esto supone incrementos cercanos al 40 % y un importante sobrecoste para las explotaciones.
En la pesca valenciana ocurre algo similar. En Castellón algunas embarcaciones ya han optado por permanecer amarradas ante el elevado coste de salir a faenar. Dependiendo de su tamaño, pueden consumir entre 1.000 y 1.500 litros de combustible en una jornada, por lo que cualquier incremento tiene un impacto inmediato sobre la rentabilidad.
El riesgo para los consumidores es evidente: si cuesta más producir, pescar, transportar y distribuir, parte de esos sobrecostes puede terminar llegando al supermercado.
Pero el aumento del combustible no puede convertirse en una justificación automática para cualquier subida de precios. Es necesario vigilar cómo evolucionan los costes y los márgenes a lo largo de toda la cadena para evitar incrementos injustificados.
Los carburantes ya presionan la inflación
Los últimos datos del INE muestran que no estamos únicamente ante un riesgo futuro. La inflación alcanzó el 4,3 % interanual en agosto, mientras que el grupo de transporte subió un 9,5 %, principalmente por el comportamiento de los combustibles y lubricantes para vehículos. En la Comunitat Valenciana, el IPC se situó en el 4,1 %.
Además, las actuales medidas extraordinarias sobre los carburantes tienen como fecha clave el 30 de septiembre, por lo que será fundamental conocer qué medidas se mantienen o adoptan a partir de octubre.
ADICAE CV reclama medidas urgentes
Desde ADICAE Comunidad Valenciana consideramos que no se puede trasladar nuevamente toda la responsabilidad a los consumidores, pidiéndoles simplemente que conduzcan menos, busquen la gasolinera más barata o reduzcan su consumo.
Ante una situación extraordinaria hacen falta medidas públicas extraordinarias.
Reclamamos al Gobierno medidas urgentes para contener el impacto sobre las familias, una vigilancia efectiva de precios y márgenes, garantizar una competencia real y actuar frente a posibles incrementos injustificados aprovechando la situación internacional.
También resulta necesario impedir que el encarecimiento del combustible se utilice como argumento para aplicar subidas indiscriminadas en alimentos, productos y servicios.
Porque los consumidores corremos el riesgo de pagar esta crisis dos veces: primero en el surtidor y después en la cesta de la compra.
Las familias no pueden convertirse, una vez más, en quienes terminen pagando toda la factura de una crisis que no han provocado.
