España afronta una contradicción que merece una explicación. Mientras se pide a los ciudadanos que consuman menos energía, rehabiliten sus viviendas, mejoren aislamientos, cambien ventanas y sustituyan sistemas de calefacción para cumplir los objetivos de eficiencia energética, nuestro país se prepara para recibir una expansión de grandes centros de datos vinculados a la inteligencia artificial que incorporarán una enorme nueva demanda eléctrica.
La pregunta es inevitable: ¿quién va a pagar la factura de esta transformación?
Desde ADICAE CV defendemos que la digitalización y la inteligencia artificial pueden representar una oportunidad económica y tecnológica para España. Pero esa oportunidad no puede construirse trasladando sus costes a los consumidores a través de la factura eléctrica, los impuestos o la utilización de recursos esenciales como el agua.
El 95 % de las viviendas sigue siendo ineficiente
Los últimos datos vuelven a poner de manifiesto el enorme problema energético del parque residencial español.
Alrededor del 95 % de las viviendas puede considerarse energéticamente ineficiente y España tendría que multiplicar por diez el actual ritmo de rehabilitación para acercarse a los objetivos comprometidos para 2030.
España sigue muy lejos del ritmo de rehabilitación necesario. El PNIEC 2023-2030 elevó hasta 1,38 millones de viviendas el objetivo de rehabilitación energética para esta década, lo que exige acelerar notablemente las actuaciones sobre el parque residencial.
Para millones de familias esto no es una simple estadística. Una vivienda mal aislada supone más frío en invierno, más calor en verano y un mayor gasto energético durante todo el año.
Y mejorarla cuesta dinero.
Cambiar ventanas, rehabilitar una fachada, mejorar el aislamiento o sustituir un sistema de calefacción puede requerir una inversión de miles de euros que muchas familias sencillamente no pueden afrontar sin ayudas públicas.
A las familias se les exige eficiencia; a las grandes inversiones, facilidades
Aquí aparece una contradicción difícil de ignorar.
Durante años se ha trasladado a los ciudadanos la necesidad de reducir el consumo energético. Se nos pide cambiar nuestros hábitos, utilizar electrodomésticos eficientes, rehabilitar edificios, reducir la climatización y realizar inversiones para consumir menos.
Al mismo tiempo, España quiere convertirse en uno de los grandes destinos europeos para la instalación de centros de datos.
Estas infraestructuras son necesarias para sostener la creciente digitalización y el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero la denominada “nube” no está realmente en las nubes: son enormes instalaciones físicas que necesitan electricidad, redes, suelo, sistemas de refrigeración y recursos naturales para funcionar las 24 horas del día.
El Gobierno reconoce que desde finales de 2023 se han concedido más de 6 GW de capacidad de acceso en la red de transporte para este tipo de instalaciones, a los que se suman alrededor de otros 6 GW en distribución desde 2020.
La magnitud es tal que el propio Ministerio para la Transición Ecológica advierte de que, si se atendieran todas las solicitudes existentes, podría ser necesario dedicar una parte importante de los esfuerzos económicos previstos para desarrollar la red eléctrica a los refuerzos necesarios para abastecer estas infraestructuras.
Por eso resulta especialmente preocupante cualquier intento de suavizar las exigencias energéticas previstas para los centros de datos simplemente para facilitar la llegada de inversiones.
La transición energética no puede tener dos velocidades: máxima exigencia para el ciudadano y alfombra roja para quien llega con una inversión multimillonaria.
¿Quién va a pagar las nuevas redes?
Esta es una de las cuestiones fundamentales.
Los centros de datos no solo necesitan electricidad. Una concentración de grandes consumidores puede requerir nuevas líneas, subestaciones, conexiones y refuerzos de las redes de transporte y distribución.
Todo ello cuesta dinero.
Por eso debe quedar perfectamente determinado cuánto van a pagar las empresas que generan esa nueva necesidad y cuánto podría terminar incorporándose al conjunto del sistema eléctrico.
Los consumidores españoles conocen demasiado bien cómo determinados costes acaban apareciendo, directa o indirectamente, en sus facturas.
No sería aceptable que una familia tenga que mirar qué hora es más barata para poner la lavadora mientras grandes instalaciones tecnológicas consumen electricidad durante las 24 horas y una parte de las infraestructuras necesarias para abastecerlas termina pagándose entre todos.
Si una empresa necesita una infraestructura energética extraordinaria para desarrollar su negocio, debe asumir el coste que genera.
Privatizar los beneficios y socializar los costes
España puede beneficiarse de estas inversiones. Pueden generar actividad económica, empleo, innovación y desarrollo tecnológico.
Pero la palabra “inversión” no puede utilizarse como una carta blanca.
Si una multinacional obtiene beneficios utilizando enormes cantidades de electricidad y necesita nuevas infraestructuras para desarrollar su actividad, los costes asociados a su negocio no pueden repartirse posteriormente entre millones de consumidores.
Lo contrario supondría repetir un modelo demasiado conocido: privatizar los beneficios y socializar los costes.
Y estos costes no tienen por qué aparecer únicamente en la factura eléctrica. También pueden hacerlo mediante inversiones públicas, subvenciones, ventajas fiscales o infraestructuras financiadas con los impuestos de todos.
Por eso las administraciones deben explicar con absoluta transparencia qué consume cada proyecto, qué infraestructuras necesita, cuánto paga por ellas, qué ayudas públicas recibe y qué retorno económico y social obtiene realmente la ciudadanía.
¿Y qué ocurre con el agua?
La contradicción no termina con la electricidad. También afecta a otro recurso esencial: el agua.
España lleva años enfrentándose periódicamente a sequías, situaciones de estrés hídrico y descensos importantes de las reservas de determinados embalses.
Cuando llegan los momentos más complicados, el mensaje dirigido a los ciudadanos es siempre parecido: debemos ahorrar agua, reducir consumos innecesarios y hacer un esfuerzo colectivo.
Sin embargo, los centros de datos pueden necesitar también recursos hídricos para sus sistemas de refrigeración.
De hecho, el consumo de agua preocupa suficientemente como para que la propia regulación que prepara el Gobierno establezca requisitos específicos de eficiencia hídrica para estas instalaciones.
Por tanto, resulta legítimo preguntar:
¿Vamos a pedir a los ciudadanos que reduzcan su consumo de agua mientras facilitamos la implantación de grandes consumidores sin exigirles previamente las máximas garantías?
No estamos diciendo que los centros de datos sean responsables de las sequías. Evidentemente no lo son.
Lo que exigimos es coherencia.
Si el agua es un recurso estratégico y limitado cuando se pide responsabilidad a una familia, también debe serlo cuando hablamos de una inversión de miles de millones de euros.
¿España al servicio de la IA europea, pero a costa de quién?
Existe además otra cuestión que apenas está llegando al debate ciudadano.
El propio Gobierno presenta a España como un territorio especialmente atractivo para el desarrollo de centros de datos por su posición geográfica, conectividad y disponibilidad de energías renovables. Y plantea estas inversiones no solo como una herramienta para la digitalización española, sino también como una contribución a la soberanía digital europea.
Esto obliga a formular una pregunta incómoda:
¿Se pretende convertir España en uno de los grandes proveedores de infraestructura digital y de inteligencia artificial de Europa?
Y si es así:
¿A costa de qué recursos y de quién?
Porque no basta con anunciar cuántos miles de millones de euros llegarán en inversiones, también debemos saber cuánta electricidad necesitarán esas instalaciones, cuánta agua consumirán, qué redes tendremos que construir, quién las financiará y qué retorno real tendrá todo ello para los consumidores españoles.
España no puede convertirse simplemente en el territorio donde se concentren el consumo energético, el uso de agua y el impacto territorial necesarios para alimentar la expansión de la inteligencia artificial europea mientras los mayores beneficios económicos terminan en las cuentas de grandes multinacionales.
Mucho menos si una parte de esa factura se queda aquí.
¿Vamos a poner nuestros recursos mientras las familias siguen esperando?
Hay preguntas que las administraciones deberían responder antes de aprobar una expansión masiva de estas instalaciones.
¿Vamos a pedir a las familias españolas que reduzcan su consumo energético mientras utilizamos una parte creciente de nuestra capacidad eléctrica para convertir España en un gran centro de datos europeo?
¿Vamos a reclamar ahorro de agua a los ciudadanos cuando existen problemas de sequía y estrés hídrico mientras permitimos nuevos grandes consumos sin las máximas exigencias?
¿Vamos a dedicar inversiones de las redes eléctricas a grandes proyectos privados mientras millones de viviendas continúan esperando una rehabilitación energética?
¿Vamos a utilizar dinero público para facilitar su instalación?
Y, sobre todo:
¿Qué recibe realmente el consumidor español a cambio?
Estas preguntas deben responderse ahora, no cuando las instalaciones estén construidas y los costes ya formen parte del sistema.
Los consumidores no somos el cajero automático de la transición digital
España necesita avanzar tecnológicamente. Necesita inteligencia artificial, digitalización e infraestructuras capaces de competir internacionalmente.
Pero también necesita viviendas eficientes, electricidad asequible, agua suficiente y consumidores protegidos.
No puede pedirse responsabilidad energética únicamente hacia abajo.
No puede exigirse a una familia que invierta miles de euros en reducir el consumo de su vivienda mientras se flexibilizan las condiciones para nuevos grandes consumidores.
No puede pedirse a los ciudadanos que ahorren agua mientras las grandes inversiones reciben un tratamiento mucho más permisivo.
Y tampoco podemos convertir España en la infraestructura energética y digital de Europa si eso significa que los recursos se ponen aquí, los grandes beneficios se marchan fuera y una parte de los costes permanece en las facturas y los impuestos de los ciudadanos españoles.
Desde ADICAE CV exigimos que cualquier expansión de los centros de datos esté condicionada a que sus promotores asuman los costes adicionales que generen, garanticen un consumo energético e hídrico sostenible, contribuyan a financiar las infraestructuras que necesiten y no provoquen incrementos en las facturas ni nuevas cargas fiscales para los hogares.
España puede convertirse en una potencia digital. Pero no debe convertirse en la batería y el depósito de agua baratos de la inteligencia artificial europea a costa de sus ciudadanos.
La inteligencia artificial puede ser una oportunidad. Pero si necesita más electricidad, más redes, más agua y nuevas infraestructuras, que la factura la paguen quienes van a hacer negocio con ella. No las familias.
