La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) considera un importante avance la decisión del juez instructor José Luis Calama de abrir juicio oral contra el expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, y otros 10 directivos, por su papel en la ampliación de capital de 2016. Esta medida marca un momento decisivo en la búsqueda de justicia para los más de 300.000 pequeños accionistas e inversores que perdieron sus ahorros.
La asociación celebra que el juez haya señalado indicios claros de falsedad documental y engaño en los estados financieros del Banco Popular en 2015 y 2016, tal y como indicó ADICAE en primer lugar tras la imposición en el 2017 de la Querella Penal como acusación popular en defensa de todos los consumidores afectados por la resolución y venta del Banco Popular. En dicho proceso el Banco Popular ocultó la verdadera situación patrimonial de la entidad, llevando a miles de pequeños ahorradores a confiar en una ampliación de capital fraudulenta.
El auto también subraya la responsabilidad civil subsidiaria del Banco Santander, como sucesor universal del Banco Popular, desestimando los intentos de esta entidad de desvincularse de las obligaciones frente a los afectados, al igual que requirió ADICAE en el año 2020 y por el que interpuso una reclamación extrajudicial de carácter colectivo en la que instaba al Banco Santander a que produjera al reintegro de los ahorros aquellos consumidores que suscribieron acciones del Banco Popular.
Desde 2017, la asociación ha liderado la defensa colectiva de los consumidores afectados en todos los frentes jurídicos, apostando por la vía penal como la única capaz de garantizar un resarcimiento efectivo. Más de 15.000 afectados se han sumado a las querellas interpuestas por la asociación, cuyo objetivo es obtener justicia para los pequeños ahorradores que depositaron su confianza en la entidad y fueron traicionados por una gestión irresponsable y fraudulenta.
Aunque la apertura de juicio oral es un paso significativo, ADICAE recuerda que este proceso puede ser largo y complejo, y solicita que esta fase de enjuiciamiento no demore en celebrarse para evitar que puedan existir dilaciones indebidas que atenúen las penas; promoviendo el resarcimiento integral de las pérdidas sufridas y velando por que las responsabilidades penales y civiles se traduzcan en una compensación real para los pequeños ahorradores.
