El Gobierno ha anunciado que aprobará el próximo martes 29 de septiembre una prórroga y un nuevo paquete de medidas para hacer frente al impacto de la inflación y de la crisis energética, justo antes de que finalicen el 30 de septiembre algunas de las medidas extraordinarias actualmente vigentes.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que el nuevo decreto incluirá medidas de apoyo para continuar respondiendo a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo. El contenido definitivo todavía no se ha detallado, aunque el Gobierno ha mantenido reuniones con sectores como la industria, la energía, el transporte y el agroalimentario.
Desde ADICAE Comunidad Valenciana consideramos positiva la continuidad de las medidas, pero advertimos de que el nuevo paquete debe situar también a las personas consumidoras y a las familias en el centro de la respuesta.
Una crisis que no termina en septiembre
Las medidas aprobadas durante los últimos meses han incluido rebajas fiscales, descuentos sobre los carburantes y ayudas dirigidas a sectores especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos. Según Cuerpo, el conjunto de medidas adoptadas desde marzo hasta finales de septiembre ha movilizado más de 10.000 millones de euros y habría permitido absorber aproximadamente la mitad del incremento experimentado por gasolina y gasóleo.
Parte de esas medidas finaliza ahora, pero la situación que justificó su aprobación no ha desaparecido. El propio vicepresidente ha advertido de la posibilidad de que se produzcan nuevos shocks energéticos, mientras persisten las tensiones sobre el gas, la electricidad y los carburantes.
Por ello, el debate ya no debe limitarse a decidir qué ayudas se prorrogan, sino también qué nuevas medidas son necesarias ante un escenario diferente al existente cuando se aprobaron los anteriores paquetes.
La protección debe llegar también a las familias
Desde ADICAE CV consideramos fundamental que el nuevo decreto no se concentre exclusivamente en compensar los mayores costes de los sectores productivos.
Ayudar al transporte, al campo o a la industria puede contribuir a evitar que parte de sus sobrecostes llegue al consumidor. Pero las familias también están soportando directamente el incremento de la electricidad, el gas y los carburantes, además del efecto que una crisis energética prolongada puede terminar teniendo sobre otros bienes y servicios.
La actuación pública debe producirse antes de que esos incrementos terminen consolidándose en los precios y no cuando los consumidores ya están sufriendo las consecuencias de las tensiones en Medio Oriente y Europa.
ADICAE CV pide reforzar el nuevo escudo anticrisis
Ante el Consejo de Ministros del próximo 29 de septiembre, desde ADICAE Comunidad Valenciana reclamamos que el nuevo paquete combine la prórroga de aquellas medidas que hayan demostrado ser eficaces con nuevas actuaciones adaptadas a la evolución de la crisis.
Es necesario reforzar la protección de los hogares frente al coste de la electricidad y el gas, mantener una especial protección para las familias vulnerables y actuar sobre el impacto de los carburantes. Al mismo tiempo, deben intensificarse la vigilancia de precios, competencia y márgenes para evitar que la coyuntura internacional sirva de justificación para incrementos injustificados en productos y servicios.
También será necesario evaluar cuidadosamente las nuevas medidas una vez se conozcan. Entre las opciones que se están planteando figura algún mecanismo para limitar la transmisión del elevado precio del gas, aunque todavía no está confirmado que forme parte del decreto del día 29.
No basta con prorrogar: hay que adaptarse a la nueva crisis
La cuestión fundamental será qué protección reciben realmente los consumidores a partir de octubre.
Desde ADICAE CV estaremos especialmente atentos al contenido del decreto porque una nueva respuesta a la crisis energética debe tener un objetivo claro: evitar que las familias vuelvan a ser quienes terminen absorbiendo, directa o indirectamente, el incremento de todos los costes.
Si la crisis ha cambiado, las medidas también deben hacerlo. Prorrogar lo que funciona es necesario, pero proteger a los consumidores frente al nuevo escenario debe ser la prioridad.
