El Gobierno plantea retirar hasta un 20 % de la producción de aceite de oliva en situaciones de exceso de oferta, una medida que pretende proteger al sector productor, pero que podría impedir que las familias se beneficien de una cosecha abundante.
El aceite de oliva es uno de los productos esenciales de la cesta de la compra de las familias españolas. Tras los importantes incrementos de precios que ha experimentado en los últimos años, cualquier medida que pueda repercutir en su coste resulta especialmente preocupante para las personas consumidoras.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de los posibles efectos negativos de una propuesta del Gobierno que contempla retirar temporalmente del mercado parte de la producción de aceite de oliva cuando exista un exceso de oferta.
Según indica el Gobierno, la finalidad es evitar que una cosecha especialmente abundante provoque una caída de los precios que perjudique la rentabilidad del sector. Sin embargo, esta intervención podría limitar las bajadas de precios y perjudicar económicamente a las familias, además que tampoco garantiza que los beneficios lleguen directamente a los agricultores.
¿Por qué se plantea retirar aceite de oliva del mercado?
La propuesta permitiría retirar hasta un 20 % de la producción estimada cuando se cumplan determinadas condiciones de sobreoferta.
El objetivo es equilibrar la oferta y la demanda, evitando que una producción extraordinariamente elevada provoque una caída brusca de los precios. El aceite retirado no tendría necesariamente que destruirse, ya que podría almacenarse para la siguiente campaña o destinarse a otros usos. No obstante, durante la aplicación de la medida, una parte de la producción dejaría de estar disponible para su comercialización alimentaria.
Esto plantea una cuestión importante: ¿por qué limitar la cantidad de aceite disponible cuando una buena cosecha podría contribuir a reducir su precio para los consumidores?
¿Cómo afectaría al bolsillo de las familias?
Cuando aumenta la producción de un alimento, una mayor oferta puede favorecer una reducción de los precios, siempre que las condiciones del mercado lo permitan. Sin embargo, si se retira parte de esa producción, se reduce la cantidad disponible, lo que podría impedir que los consumidores se beneficien plenamente de una cosecha abundante.
La propia CNMC advierte de que este tipo de intervención puede generar efectos negativos sobre la competencia y favorecer precios superiores a los que existirían sin restricciones.
Para las familias, esto podría traducirse en tener que seguir pagando más por un producto básico, incluso cuando existe suficiente producción para abastecer el mercado.
El riesgo es que una buena cosecha, que debería representar una oportunidad para aliviar el gasto de los hogares, no se traduzca en precios más asequibles.
¿Beneficiaría realmente a los agricultores?
El Gobierno plantea esta medida para evitar que una caída excesiva de los precios perjudique los ingresos de los productores. Sin embargo, que el aceite alcance precios más elevados en el mercado no significa necesariamente que los agricultores reciban una remuneración proporcionalmente mayor.
Entre la producción de aceitunas y la venta del aceite al consumidor intervienen diferentes operadores, por lo que resulta fundamental analizar cómo se distribuyen los márgenes comerciales. Además, retirar parte de la producción puede implicar costes de almacenamiento y otras consecuencias económicas que también deben tenerse en cuenta.
Por ello, es necesario garantizar que las medidas destinadas a proteger al sector agrícola beneficien realmente a quienes producen las aceitunas, especialmente a los pequeños y medianos agricultores.
Defender precios justos para el campo no debería implicar que las familias tengan que pagar más por alimentos esenciales.
La CNMC advierte de los riesgos de limitar la oferta
En su informe sobre la propuesta normativa, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia señala los posibles efectos negativos de restringir la cantidad de aceite disponible en el mercado.
El organismo considera necesario justificar adecuadamente la intervención y evaluar sus consecuencias sobre los precios, la competencia y las personas consumidoras. Estas advertencias ponen de manifiesto la importancia de analizar si existen alternativas menos restrictivas para proteger la estabilidad del sector productor sin trasladar posibles costes adicionales a los hogares.
ADICAE Comunidad Valenciana reclama precios justos para agricultores y consumidores
Desde ADICAE CV defendemos la necesidad de garantizar la rentabilidad del sector agrícola, especialmente de los pequeños y medianos productores, que deben recibir una remuneración digna por su trabajo. Sin embargo, consideramos imprescindible que las medidas de regulación del mercado tengan también en cuenta las consecuencias para las personas consumidoras.
No podemos permitir que una producción abundante termine convirtiéndose en una oportunidad perdida para reducir el coste de la cesta de la compra.
Por ello, reclamamos una evaluación rigurosa y transparente de las consecuencias de cualquier retirada de aceite del mercado, así como medidas que garanticen una distribución equilibrada de los beneficios a lo largo de toda la cadena alimentaria.
Asimismo, defendemos que se estudien mecanismos alternativos para proteger a los agricultores sin limitar innecesariamente la oferta ni comprometer el acceso de las familias a productos básicos.
Desde ADICAE CV insistimos en que proteger al campo y proteger a los consumidores deben ser objetivos compatibles. Una cosecha abundante debería beneficiar al conjunto de la sociedad, no convertirse en un motivo de preocupación para el bolsillo de las familias.
