El Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, recoge un nuevo conjunto de medidas destinadas a hacer frente a las consecuencias económicas y energéticas derivadas de la crisis en Oriente Medio. Entre ellas se incluyen actuaciones sobre los carburantes, el gas natural, la bombona de butano, la fiscalidad energética y diferentes sectores especialmente afectados por el encarecimiento de la energía.
El propio texto reconoce el impacto que la evolución de los precios energéticos puede terminar trasladando a las cadenas de distribución y, finalmente, a los consumidores. En este contexto, las medidas buscan contener temporalmente algunos de estos incrementos y establecer mecanismos de protección ante una nueva escalada de precios.
Carburantes: reducción fiscal durante octubre, noviembre y diciembre
Una de las medidas de mayor impacto directo afecta a la gasolina y al gasóleo de automoción. El Real Decreto-ley establece una reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos equivalente, respecto a los tipos anteriores a las medidas extraordinarias, a:
- 20 céntimos por litro durante octubre.
- 13 céntimos por litro durante noviembre.
- 6 céntimos por litro durante diciembre.
No obstante, las reducciones previstas para noviembre y diciembre pueden modificarse si los precios vuelven a aumentar con fuerza. El decreto incorpora un mecanismo de salvaguarda ligado a la evolución del IPC de la gasolina y el gasóleo.
Es importante señalar que hablamos de una reducción fiscal, por lo que no debe confundirse con el antiguo sistema de bonificación directa de determinados céntimos que se aplicaba al repostar.
Gas natural: se limita la subida de la TUR
Otra de las principales medidas afecta a los consumidores acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural.
Ante el fuerte incremento que habría supuesto aplicar íntegramente la metodología habitual de cálculo, el Gobierno establece límites temporales al aumento del componente correspondiente al coste de la materia prima.
En la revisión del 1 de octubre de 2026, este componente no podrá incrementarse más de un 35 % respecto al valor de referencia establecido en junio. En la revisión del 1 de enero de 2027, el incremento quedará limitado a un máximo del 15 % respecto al valor de octubre.
Esto no significa que el precio del gas quede congelado. Además, parte de las diferencias de costes que ahora se aplazan podrán recuperarse posteriormente a través de sucesivas revisiones tarifarias.
La bombona de butano, limitada a 19,55 euros
El decreto establece también una medida específica para el butano envasado. La bombona tradicional de 12,5 kg tendrá un precio máximo de 19,55 euros en territorio peninsular hasta el 30 de junio de 2027.
De nuevo, se trata de una medida de contención temporal. Las diferencias que se produzcan entre el precio limitado y el que correspondería según la metodología ordinaria podrán incorporarse en revisiones posteriores.
¿Qué ocurre con los impuestos de la electricidad y el gas?
Aquí conviene hacer una aclaración importante. Las anteriores reducciones fiscales que llegaron a rebajar el IVA de determinados suministros energéticos del 21 % al 10 % y el Impuesto Especial sobre la Electricidad hasta el 0,5 % no vuelven automáticamente en octubre.
El nuevo Real Decreto-ley establece un mecanismo de salvaguarda que permitiría recuperar estas reducciones de forma extraordinaria y temporal en noviembre y diciembre de 2026 si la evolución de los precios energéticos cumple las condiciones previstas en la norma.
Por tanto, su aplicación dependerá de cómo evolucionen los precios durante los próximos meses.
Más protección del suministro energético
El decreto también adopta medidas destinadas a reforzar la seguridad del suministro. Entre ellas se encuentra el incremento de las obligaciones de almacenamiento de gas natural licuado (GNL), que pasan de 16,5 a 21 días, reforzándose especialmente las exigencias para noviembre y diciembre de 2026 y marzo de 2027.
También se introducen cambios relacionados con las reservas estratégicas de productos petrolíferos, así como diferentes actuaciones vinculadas a la eficiencia energética y al desarrollo de las energías renovables.
Ayudas para agricultura, pesca y transporte
El paquete mantiene medidas específicas para algunos de los sectores más expuestos al incremento de los combustibles.
En el sector agrario se prolongan hasta el 31 de diciembre de 2026 las ayudas extraordinarias vinculadas al gasóleo agrícola. Durante el último trimestre del año podrán alcanzar hasta el 70 % de la diferencia de precio respecto al nivel de referencia establecido, con un máximo de 20 céntimos por litro.
También se prolongan las ayudas destinadas al sector pesquero para compensar el incremento del coste de los combustibles.
En el caso del transporte profesional por carretera, se mantienen ayudas durante los tres últimos meses del año. Para el gasóleo profesional se contemplan inicialmente 5 céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre, aunque las cantidades pueden ajustarse en función de las reducciones fiscales generales que finalmente se apliquen.
El decreto contempla asimismo ayudas para determinados transportistas que no pueden beneficiarse del régimen del gasóleo profesional, así como medidas para el transporte ferroviario y marítimo.
Control sobre los precios
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recibe además el encargo de analizar la efectividad de las medidas adoptadas y estudiar hasta qué punto se trasladan a los precios.
La norma también contempla el seguimiento de los precios de los productos alimentarios, una cuestión especialmente relevante para comprobar si la evolución de los costes energéticos acaba repercutiendo en la cesta de la compra.
Un decreto pendiente del Congreso
Al tratarse de un Real Decreto-ley, el Congreso de los Diputados deberá pronunciarse sobre su convalidación o derogación en el plazo constitucional de 30 días.
Desde ADICAE CV consideramos que estas medidas pueden servir para aliviar temporalmente el impacto de la crisis energética sobre los consumidores, pero corren el riesgo de convertirse en un parche y no en una solución a largo plazo. Limitar ahora determinadas subidas, reducir temporalmente la fiscalidad de los carburantes o aplazar parte de los costes puede dar un respiro a las familias, pero no resuelve los problemas estructurales que hacen que los consumidores sean especialmente vulnerables ante cada nueva crisis energética. Además, algunas diferencias de costes contenidas ahora podrán trasladarse a revisiones posteriores. Por ello, reclamamos medidas más estables que garanticen precios asequibles, una protección reforzada de los hogares vulnerables, mayor transparencia y vigilancia de los mercados y que cualquier reducción fiscal o ayuda pública repercuta realmente en el bolsillo de los consumidores.
La protección frente a una crisis energética no puede limitarse únicamente a contener temporalmente determinados precios. Es necesario garantizar transparencia, vigilancia efectiva de los mercados y medidas especialmente dirigidas a los hogares más vulnerables, evitando que una nueva escalada energética vuelva a deteriorar su poder adquisitivo.
